Como persona que se considera de izquierdas, nunca he entendido que los distintos partidos que se adjudican esa ideología hayan tomado Grecia y Syriza como ejemplos para un nuevo modelo que ha resultado imposible de materializar por su dependencia económica del resto de Europa.
Veo las tertulias de las cadenas españolas y me da pena la falta de propuestas de los representantes de los partidos de izquierdas en el ámbito económico, que se reducen a atacar lo que se llaman políticas de austeridad y a pedir un gasto mayor de los Estados, lo que implica endeudarse más.
Yo creo que hay propuestas que desde la izquierda se pueden hacer para conseguir otro modelo más justo y solidario. Hay principios muy simples. Cuando alguien quiere gastar más de lo que ingresa tiene que aceptar las condiciones de los que le prestan el dinero, pagar los intereses y devolverlo en los términos que establece el acreedor.
Endeudarse más implica destinar más dinero a intereses y a la deuda financiera y condicionar la política de cada gobierno a las condiciones que le marquen los especuladores que prestan dinero para sacar beneficio con ello, que difícilmente van a apoyar políticas de izquierda.
Por eso la izquierda no debería defender políticas que lleven al progresivo endeudamiento, sino intentar gastar lo que se ingresa para poder desarrollar sus políticas sin que los grandes especuladores les pongan condiciones.
Lo que debería hacer la izquierda es, bajo esa premisa, proponer desde las instituciones públicas políticas sociales que tengan como primer objetivo dotar a toda la población de un mínimo nivel de vida, que todas las personas de una determinada edad tengan un mínimo de ingresos a través de prestaciones y pensiones, lo que además aumentaría el consumo interno y reduciría el paro, cubrir todas las necesidades de sanidad y educación y fomentar políticas de empleo para que el trabajo sea casi un derecho al que puedan acceder todos los ciudadanos.
Y para ello la izquierda debería impulsar desde las instituciones otro modelo de reparto de trabajo en el que se dedique más tiempo –el mayor bien y el más limitado para el ser humano– a disfrutar y menos a trabajar.
La reforma laboral del PP lo que ha buscado es que la gente cobre menos y trabaje lo mismo o más o que se cree empleo temporal en condiciones precarias. Lo llaman mejorar la competitividad. También busca que monitores o entrenadores de niños sean dados de alta en la Seguridad Social con ingresos que pueden ser de 100 euros mensuales para de manera ficticia aumentar el número de personas que cotizan y reducir el número de parados.
La alternativa desde la izquierda, si no hay trabajo para todos, es cobrar menos y ganar menos y disponer de más tiempo para el ocio y para la familia, lo que reduciría el paro y aumentaría el nivel de vida y la productividad de cada trabajador. Países como Holanda, Dinamarca o Alemania son los que tienen una media de jornada laboral más baja, un índice menor de paro y un nivel de vida más alto.
Por ejemplo se podía proponer a aquellas personas que tienen unos ingresos superiores a los 1.600 euros mensuales y se lo pueden permitir una reducción voluntaria de su jornada de trabajo hasta un máximo del 50% y asumir el Estado la parte de cotización del 50% al que renuncia con la condición de que otra persona cobre el 50% restante y cotice por ese porcentaje.
Incluso se podría promover que el trabajador, público y privado, que se acoja a esta medida, pueda elegir la persona con la que compartirá el trabajo y que un trabajador pueda designar a su pareja, un hijo, un familiar o un amigo que lo necesite y esté capacitado para desarrollarlo.
Reducir la jornada laboral a la mitad de los que puedan y quieran hacerlo permitiría reducir el paro y aumentar el nivel de vida de toda la población, que destinaría más dinero al ocio y que todo lo que ingrese lo va a gastar cerca de casa, lo que revitalizaría la economía. Además debería apoyar a los sectores y empresas con problemas con la condición de mantener los puestos de trabajo.
Para poder destinar dinero a estas políticas, la izquierda debería reducir los gastos en aquellas materias que no van dirigidas a esos objetivos. Negarse por sistema a los recortes es dar por bueno todos los gastos de las políticas de la derecha y de la autodenominada socialdemocracia que han llevado a las instituciones públicas y a la sociedad a una grave crisis.
Oponerse a los recortes es dar por buenos los sueldos de políticos y asesores, las ayudas a los bancos y los grandes proyectos basados en el cemento con sus consiguientes comisiones y las políticas que favorecen a los que apoyan esos partidos.
Porque la corrupción que tanto se quiere combatir nace en este tipo de políticas que impulsan grandes proyectos con el retorno en forma de comisiones ilegales de un porcentaje de gasto público a sus recaudadores y a las arcas de los partidos que las adjudican. Y cuanto más gastan más ingresan, por eso se ha despilfarrado tanto con un descontrol absoluto en el gasto público.
Para evitar la corrupción basta con reducir el gasto público en esas grandes inversiones de cemento y establecer concursos públicos mediante subastas en la que los interesados en realizar una obra pública pujen a la baja hasta que se la adjudique el que menos esté dispuesto a cobrar por ella.
Evitar la corrupción pasa por establecer pliegos de condiciones en los que se detalle hasta el último gasto y la calidad de cada pieza que se va utilizar en una obra para impedir los sobrecostes.
Asi nadie destinará dinero a sobornar al que adjudica la obra, sino que tendrá que pelear por ganarla rebajando al máximo lo que pretende cobrar, lo que no solo acabará con la corrupción, también permitirá que todas las obras cuesten menos a las instituciones.
Además resulta curioso que desde que Podemos ha alcanzado cotas de poder dejen de divulgarse en las redes sociales que lo han catapultado denuncias por la cantidad de cargos públicos y asesores y por sus sueldos.
Su planteamiento de que los cargos públicos no puedan cobrar más del triple del Salario Mínimo Interprofesional, lo que equivaldría a 27.240 euros anuales, ha quedado en el olvido cuando es lo que reclama la ciudadanía.
A la hora de recortar gastos los políticos deben dar ejemplo. Que ningún cargo público, y ningún funcionario, cobrara más de esos 27.000 euros anuales brutos podría ser un planteamiento asumido por la mayor parte de la ciudadanía y por toda la izquierda, que también debería abogar y, no solo por ideología, por la supresión de cargos públicos y de instituciones como la Monarquía y el Senado.
Como en Euskal Herria la izquierda debería solicitar la marcha de la Guardia Civil y la Policía para que deje de tener el porcentaje más alto de policías por habitantes, con sus altos sueldos, sus pluses por peligrosidad –cuando los peligrosos son ellos porque son los únicos que tienen y utilizan armas– y todos los gastos de vivienda, vehículos blindados, armas y equipación que los convierten en los funcionarios que tienen un coste más alto para las arcas públicas.
Porque sí es necesario recortar gastos que no van dirigidos a cubrir las necesidades sociales de la población y a fomentar políticas de empleo. Y los propios funcionarios y los sindicatos deberían ser los primeros que se marcaran eso como objetivo porque son los que mejor conocen cada departamento.
Que a pocos meses de las elecciones sea el Gobierno del PP el que proponga recortar gastos de desplazamientos de algunos directivos públicos y los coches oficiales y que se comuniquen por videoconferencia es un ejemplo de que ese tipo de medidas son las que reclama la ciudadanía.
Hay infinidad de gastos de las instituciones que no van destinados a las prioridades que debería marcarse la izquierda y a la activación de la economía que pueden ser recortados.
Habría que recortar en aquellos productos que se importan y en gastos energéticos, que se llevan una parte muy importante en los presupuestos de cualquier institución. Esta semana se publicaba que el Estado español es el que más gasta en iluminación pública de toda Europa.
Reducir los desplazamientos de funcionarios, eliminar la iluminación en vías interurbanas, en lugares por los que nadie transita y poner el aire acondicionado un par de grados más en verano y menos en invierno en todos los lugares públicos, incluidos los transportes, supondría un gran ahorro y una mejora en la salud de la población y en el medio ambiente.
Y además de reducir los gastos públicos que no van destinados a cubrir las necesidades sociales de población y a fomentar políticas de empleo es necesario aumentar los ingresos y bajar el impuesto al consumo, el IVA, y el IRPF.
Desde la izquierda se debe buscar que paguen más impuestos los que más dinero ganan y no aumentarlos en el consumo de productos básicos como ha hecho la derecha y piden las instituciones europeas, lo que frena una economía. Tampoco aumentar lo que paga un trabajador o un autónomo, lo que dificulta la creación de empleo.
Pero además, desde el momento en que se consiga que toda la población tenga unos ingresos mínimos y que baje el IVA y el IRPF, también se podría pagar algo por todos los servicios públicos para poder mantenerlos, aunque sean precios simbólicos y en función de su utilización y de sus ingresos.
¿Por qué no se puede pagar dos euros por ir al médico de manera puntual o por unos medicamentos que ahora se dan gratis y sí por coger un autobús? ¿Por que no se puede pagar 20 euros por la necesidad de utilizar una ambulancia de manera esporádica? ¿Por qué no se pueden pagar 30 euros por una operación y 20 por la primera noche que se pasa en un hospital? En Francia, con un gobierno que se dice de izquierdas, hay que tener un seguro privado que cuesta mucho más que cubra los gastos de sanidad públicos.
Hay un mal uso de los servicios sanitarios en muchos casos. Ahora se llama al 112 y a una ambulancia para acudir a una revisión al médico cuando se puede ir en un vehículo particular sin problemas o porque un chaval se ha emborrachado y se le lleva y se le tiene en un centro hospitalario hasta que se le pasa la caraja. Cantidad de medicamentos, la mayoría de ellos importados, se tiran a la basura sin utilizarlos. Si hubiera que pagar algo por ellos los malos hábitos se reducirían.
¿Por qué se pagan en muchos centros escolares públicos más dinero por las excursiones que por las matrículas? Pagar algo por la utilización de los servicios públicos ayudaría a sostenerlos y mejorarlos.
Lo mismo pasa en las carreteras. Uno cruza los Pirineos y no encuentra ninguna vía de doble carril gratuita y los franceses hacen el recorrido inverso y pueden recorrer 1.000 kilómetros por autovías sin pagar peajes.
Es mejor establecer en las autovías peajes simbólicos. No es mucho, por ejemplo, pagar tres euros por ir de Donostia a Iruñea o a Gasteiz por autovía de manera ocasional y establecer un peaje máximo de 25 euros al mes para los transportistas o los que se desplacen con asiduidad por esas autovías que ahora no son de peaje.
Eso dejaría unos grandes ingresos de los vehículos procedentes del Norte de Europa que atrevíesan nuestras carreteras y solo dejan contaminación y deterioro. Mejor recaudar así que no con multas y con impuestos que solo pagamos los ciudadanos vascos.
Defender los servicios públicos y el bienestar de toda la población pasa por estas medidas y otras que seguro que son mejores y busquen los mismos objetivos. Pero desde la izquierda no se escuchan este tipo de propuestas necesarias para desarrollar una sociedad mejor para toda la población.
El único Gobierno que ha tomado algunas de ellas, dentro de sus competencias, ha sido el de EH Bildu en Gipuzkoa, con recortes en los sueldos de sus representantes públicos, una nueva política fiscal para que paguen más lo que más tienen, una propuesta para poner peajes en Etxegarate que ahora quieren retomar los que entonces la boicotearon y unos presupuestos en los que se han recortado los gastos en grandes proyectos de cemento y se han ampliado los gastos sociales mejorando la situación económica de las instituciones en las que ha gobernado.
Por eso es difícil de entender cómo la propia izquierda abertzale se ha puesto el ejemplo en términos económicos –en lo social se ha fallado– de Grecia y no el de Gipuzkoa, que es completamente diferente. Si algo ha demostrado Grecia es que endeudarse ha arruinado a su sociedad y le ha obligado a aceptar las condiciones de los que le dejan dinero para que paguen sus deudas, les sigan comprando armas y munición para su megaejército y siga empobreciéndose.
En Gipuzkoa se ha gestionado en el plano económico de otra manera, incluso reduciendo la deuda de las instituciones, sin que se hayan recortado las prioridades que debe marcarse un gobierno de izquierdas. Y curiosamente se ha acabado ese gobierno, al margen de los errores en lo social y de la campaña de los medios de comunicación para devolver al PNV al gobierno, por la división en la izquierda.
Entre EH Bildu, Podemos e Irabazi sumaron en las Juntas Generales de Gipuzkoa 154.688 votos, más que el PNV (112.933) y más que lo que sumaron en 2011 entre EH BIldu e Irabazi (148.606).
Porque tampoco el castigo al Gobierno de EH Bildu ha sido tan duro, simplemente ha aparecido un partido político que ha dividido el voto de izquierda y el PNV ha recibido los que ha perdido el PP –todo queda en la derecha– y de aquellos que no votaron hace cuatro años o votaron a la izquierda abertzale tras el anuncio de ETA del abandono de la lucha armada y se han movilizado o han cambiado el voto por el Puerta a Puerta.
Por eso la unión entre las fuerzas de izquierda en Euskal Herria que se busca es un buen camino para demostrar que se puede gobernar de otra manera, aunque lo ideal es que el PNV se uniera a la izquierda como ha hecho CIU en Catalunya para reclamar un nuevo status.
Porque si la mejor manera de gobernar es no endeudarse para que desde fuera no te pongan las condiciones, también lo es que las políticas para los vascos no se decidan desde Madrid.
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